En estos casos, bajo ninguna circunstancia se permite que las armas y municiones alquiladas sean retiradas del polígono por la persona sin licencia, ya que el armero tiene la responsabilidad de asegurarse que le devuelvan las municiones no usadas ya que, de lo contrario, incurriría en delito por venta de municiones a personas sin licencia.

Por otra parte, las personas convictas por delitos bajo la nueva Ley podrán ser consideradas por la Junta de Libertad Bajo Palabra para otorgarle este beneficio al cumplir el 75% de la pena impuesta, igual que ocurre en la actualidad para la inmensa mayoría de los delitos tipificados en el Código Penal y otras leyes especiales.

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A su vez, la medida permite que en las armerías con polígonos las personas mayores de 21 años que no tengan licencia de armas, que presenten una identificación oficial con foto y tomen un curso conducente a la certificación de uso y manejo de armas, puedan alquilar armas y comprar municiones para practicar en dichos predios.

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De igual forma, solicitó que se mantuvieran las penas y disposiciones penales inalteradas a la ley real, que son un disuasivo para aquellos que portan o utilizan armas de manera ilegal.

«Esta Ley de Armas faculta también al Comisionado, para que cuando tenga motivos fundados y sospecha razonable, de forma pasiva, haga las investigaciones que estime pertinentes después de otorgarse la licencia al peticionario, para investigar las querellas presentadas por proveer información falsa en contra de la persona con licencia de armas», añadió la Gobernadora.

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La ley está dirigida a reconocer los derechos de aquellos ciudadanos de ley y orden que desean tener un arma de fuego para su protección, mientras se reafirma la facultad que tiene el Estado para common y limitar dicho derecho.

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La persona deberá solicitar la licencia typical y cumplir con los requisitos pertinentes durante esos 90 días; en caso de no someter su solicitud, deberá entregar aquellas armas y municiones que posea, conforme a esa licencia temporal.

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Vázquez Garced aclaró que también solicitó que se restituyera la presunción de que aquella persona que sea detenida con un arma de fuego sin tener licencia, se presuma que posee el arma con la intención de cometer un delito.